La nueva Ley responde a demandas rechazadas por casi una década

Opinión de Indignación sobre la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

El pasado 15 de mayo la LVI legislatura local aprobó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ley que recoge importantes demandas de la sociedad y que, entre otras cosas, dota de autonomía presupuestaria y de gestión a la Codhey; establece que la designación de su Presidente la hará el Congreso, por mayoría calificada, a propuesta de organizaciones civiles y que este organismo contará con un Consejo ciudadano.
El Ejecutivo ya no participará, como ocurría antes, en el proceso de selección del titular, participación que pervertía la función del ombudsman.
El Equipo Indignación considera que son importantes los avances contenidos en esta nueva ley.
De manera particular hacemos un reconocimiento a los y las integrantes del Congreso Local que favorecieron en este proceso el diálogo con la sociedad, que recogieron las propuestas presentadas por organismos civiles y que hicieron pública la iniciativa para recibir sugerencias antes de votarla. Nos parece que este ejercicio legislativo sienta un precedente de apertura y participación y aleja la imagen de autoritarismo y cerrazón que caracterizó a pasadas legislaturas.
Lamentamos que el voto de la fracción priísta evitara la reforma constitucional que hubiera dado mayor fortaleza y certeza jurídica a la ley. El proceso que se desarrolló desde septiembre a raíz del foro convocado por el Congreso sobre la Codhey, aun cuando nos llegó a parecer prolongado y lento, permitía esperar un consenso a la hora de aprobar la reforma constitucional y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya que en ese largo proceso participaron las tres fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Comienza ahora un proceso igualmente intenso para designar a la persona que ocupará la presidencia de la Codhey y a quienes conformarán el Consejo Ciudadano. Hacer el proceso lo más público y transparente posible será el mejor aval que podrá tener quien resulte seleccionado o seleccionada para presidir este organismo de protección de los derechos humanos. Aun cuando los requisitos que la ley establece son mínimos, esta legislatura está comprometida a elegir a una persona cuya trayectoria garantice a la sociedad la protección y la defensa de sus derechos. Hacemos votos por que los legisladores y legisladoras respondan a esta importante tarea con responsabilidad.
La legislatura ha dado respuesta, con la Ley recién aprobada, a una demanda que desde hace casi una década planteábamos distintas organizaciones, con lo que se atiende uno de los rezagos legislativos en Yucatán en materia de derechos humanos.
Las urgencias, sin embargo, son muchas: tipificar la tortura como delito, reconocer plenamente los derechos de los pueblos indios, modificar la ley orgánica de los municipios, tipificar la discriminación, son algunas de ellas. Poner el tiempo y la voluntad a favor de la causa de la justicia y de los derechos humanos es el reto de la actual legislatura.

Es ilegal e inconstitucional la participación del Ejército en tareas de seguridad pública

Mérida, Yucatán. 3 de mayo de 2002

Pelotones rurales son grupos paramilitares

Es ilegal e inconstitucional la participación del Ejército en tareas de seguridad pública

Con profunda preocupación hemos tenido conocimiento del proyecto del Ejército Mexicano de seleccionar a ejidatarios de comisarías de Valladolid, Yucatán, capacitarlos y dotarlos de armas con la intención de formar pelotones rurales o “Cuerpos de Defensa Rural”. En cualquier lugar del mundo los grupos de civiles armados y capacitados por el Ejército se llaman paramilitares y, a pesar de que tanto el Ejército mexicano como el gobierno se han empeñado en negar su existencia, se ha hecho público que en Yucatán se formarán estos grupos, como también se ha hecho en otros estados de la República Mexicana como Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, etcétera.
La propuesta del Ejército en Yucatán iniciaría precisamente en Valladolid, una de las principales zonas de Yucatán donde los indígenas se organizan para reclamar sus derechos y donde hay una larga tradición de resistencia y autonomía, nos obliga a pensar que esta propuesta es parte de una estrategia de militarización e intimidación que puede tener graves consecuencias.
A la ilegalidad y anticonstitucionalidad de este hecho se añade el peligro que entraña para la propia seguridad de las comunidades la existencia de personas entrenadas y armadas por el ejército. En agosto de 2001 el Centro Pro declaró que “En Veracruz hablar de grupos civiles armados –o como legalmente están establecidos: Cuerpos de Defensa Rurales– es hablar de enfrentamientos sangrientos con campesinos e indígenas, es hablar de tortura y asesinatos que aún están en la impunidad, es hablar de despojos de miles de tierras, es hablar de un pasado oscuro en la historia de la entidad. Se trata de la historia de los antecesores de lo que hoy se pretende llamar “guardias rurales”.
Ante el anuncio hecho por el Tte. Carlos Alberto Espinosa Hernández en el sentido de que presentó a 21 comisarios ejidales del municipio de Valladolid el proyecto Cuerpos de Defensa Rural, El Equipo Indignación manifiesta que:

1.Es ilegal y anticonstitucional la participación de militares en tareas de seguridad pública, pues esto corresponde a autoridades civiles. La Constitución señala , en el artículo 129, que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La seguridad pública, por supuesto, queda fuera de su campo de acción. La Sedena está incurriendo en ámbitos que salen de su competencia.
2.Es ilegal y anticonstitucional que ciudadanos realicen tareas de seguridad pública. La Constitución Mexicana señala, en su artículo 21, que “La seguridad es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. Ese mismo artículo establece que “La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que está bajo su autoridad y mando.”
3.Deploramos la continua militarización a la que ha estado sometido desde hace varios años, especialmente a partir de 1994, nuestro país. Esto contraviene recomendaciones hechas por organismos de los que el Estado Mexicano forma parte y que está obligado a cumplir: Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la creciente intervención de los militares en la sociedad y recomendado al Gobierno Mexicano mantener a las fuerzas armadas en el rol propio para el que fueron creadas y que adopte medidas para combatir y desactivar los grupos armados privados vinculados con la dirigencia política y los sectores económicos.
4.Resulta a todas luces inconveniente la propuesta de que el ejército arme a civiles y los capacite para funciones de seguridad. El ejército mexicano está entrenado para combatir y eliminar al enemigo que pone en riesgo la seguridad nacional, la cual es absolutamente diferente a la seguridad pública. Además esta propuesta corre el grave riesgo de ocasionar, entre otros problemas —y aunque digan que gente especializada seleccionará el perfil de los participantes—: aumento de violencia local armada, ajusticiamientos, corrupción de funcionarios y en todos los niveles y, por lo tanto, violaciones a los derechos humanos como de hecho ha ocurrido en los otros estados en los que se ha aplicado este programa.
5.“Pelotones rurales”, ¿a quién le entregarán cuentas?, en caso de violaciones a derechos humanos por miembros de esos pelotones ¿qué institución será la responsable? La situación de impunidad que permea el ámbito de la justicia militar podría extenderse a estos grupos rurales.
6.Nos preocupa que el Ejército Mexicano ponga en práctica este tipo de “políticas” de seguridad pública dado que esta institución no es competente para asumir labores en este ámbito, pero de igual manera nos preocupa que el Poder Ejecutivo se muestre débil para ejercer el control sobre sus órganos y, más aún, que el Presidente de la República, que es el comandante en jefe del Ejército, se vea obligado a aceptar esta ilegal propuesta que, como hemos señalado, deploramos.
7.Reiteramos, como en otras ocasiones hemos expresado, lo inconveniente que resulta que un militar esté a cargo de la Procuraduría General de la República (P.G.R.)
8.Instamos al Estado mexicano a que, de acuerdo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que se ha comprometido a cumplir, retire al personal militar de las zonas civiles, mantenga al Ejército dentro de las funciones que señala la Constitución Política y utilice únicamente personal civil bajo el mando de autoridades civiles para las labores de seguridad pública.

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Martha Capetillo Pasos

Observaciones a la iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. reconoce y valora los esfuerzos que han culminado en la iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Valoramos, de manera especial, el procedimiento seguido por el Congreso para realizar esta reforma legislativa, durante el cual hubo un importante espacio de opinión y participación ciudadana, lo que nos permite esperar un procedimiento igualmente transparente y participativo para la designación del Presidente y del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sobre el contenido de la iniciativa, podemos decir que es, a nuestro juicio un trabajo que recoge importantes demandas de la sociedad civil así como avances contenidos en otras comisiones de derechos humanos del país.
Las principales propuestas que hicimos llegar al Congreso las hemos visto incluidas en esta iniciativa: autonomía presupuestaria y de gestión, independencia del titular de la Comisión, quien será nombrado por el Congreso con mayoría calificada, la creación de un consejo ciudadano que acompañe el trabajo de la Comisión, participación de organismos de la sociedad civil en la designación del ombudsman y del consejo ciudadano.

El Equipo Indignación ha leído con detenimiento la iniciativa y los comentarios o desacuerdos que tenemos son muy puntuales, en artículos específicos. El documento que contiene nuestros comentarios, propuestas y consideraciones los hemos hecho llegar a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
Entre los principales puntos sobre los que hemos hecho comentarios están:

1.La integración de la Comisión: Consideramos que la Codhey resultaría aún más fortalecida y se garantizaría de mejor manera la transparencia de sus actuaciones si se dotara al Consejo Ciudadano de mayores facultades, incluso subordinando al Presidente de la Comisión a este Consejo.

2.Sobre la competencia y atribuciones de la Comisión: especificar que, al procurar la conciliación (sólo permitido violaciones no graves a los derechos humanos) ésta deberá también conseguir la debida reparación material y moral del daño.
También propusimos que quede señalado en este mismo título, como atribución de la Comisión, el establecer e implementar las medidas necesarias tendientes al cabal cumplimiento de sus recomendaciones.

3.De los requisitos para Presidente de la Comisión: Sugerimos retomar la recomendación de Aministía Internacional en el sentido de garantizar que el Presidente de la Comisión sea elegido en virtud de su pericia, conocimientos y experiencia probada en la promoción y protección de los derechos humanos. Para ello propusimos añadir una fracción al artículo 17 que señale como requisito “contar con una trayectoria que garantice experiencia en la defensa de los derechos humanos” o bien “Haberse distinguido en la defensa de los derechos humanos”.