Incumplimientos en materia de derechos humanos en Yucatán

Evaluación a propósito del 53º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En Yucatán persiste un grave rezago en materia de derechos humanos, que se advierte en la ausencia de ordenamientos legales y en la persistencia de leyes que vulneran derechos fundamentales, por una parte y, por otra, en la falta de acciones que corresponden al Ejecutivo, como el combate a la impunidad. La celebración del 53º. Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos es ocasión propicia para señalar este rezago e insistir en la responsabilidad que tienen los poderes Legislativo y Ejecutivo para atenderlos.
El incumplimiento en esta materia o la dilación para atenderla acentúa el rezago, afecta a la población y retarda la posibilidad de vivir en un estado democrático, respetuoso de los derechos humanos.
De acuerdo con las áreas en las que el Equipo Indignación trabaja, las urgencias son:

I. EN EL COMBATE AL AUTORITARISMO

a) Los derechos políticos
El reciente cambio en la administración estatal genera la percepción de que la batalla por garantizar el derecho a elegir autoridades comienza a rendir frutos en Yucatán. Sin embargo, este derecho fundamental aún requiere fortalecerse. En nuestro Estado continúa pendiente la reforma electoral. El reciente proceso mostró debilidades en la legislación, que impidieron la participación en condiciones de equidad, e incongruencias entre los ámbitos federal y estatal en materia electoral que requieren revisarse.

b) La batalla contra la impunidad
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, que queden en la impunidad los presuntos delitos cometidos por servidores públicos durante el período del desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras estos hechos no sean investigados y, en su caso, sancionados, el desacato será un capítulo abierto en Yucatán que invitará permanentemente a reincidir.
Incluso en un caso tan delicado por incluir presuntos delitos cometidos contra menores infractores, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de Justicia del Estado han omitido iniciar averiguaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionarlas.
La omisión del Ejecutivo en la batalla contra la impunidad se ve agravada por la permanencia de algunas personas en cargos de responsabilidad, así como por cuestionables nombramientos, como el del actual titular de la Subprocuraduría de Prevención del Delito, que se le otorgó a una persona contra la cual hay una denuncia penal reciente, aún no resuelta.

c) Sobre la ley Orgánica de los municipios del Estado de Yucatán.
El derecho a elegir autoridades se ve continuamente amenazado para los habitantes de las comisarías y subcomisarías del Estado de Yucatán, quienes se encuentran en condiciones de indefensión jurídica frente a los y las presidentes municipales que intentan usurpar este derecho a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. La Constitución del Estado debe amparar este elemental derecho y reglamentarlo de acuerdo con las expectativas de los propios habitantes de las comisarías.

d) La re creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
La actual legislatura se ha demorado frente a la impostergable demanda ciudadana de reformar la comisión de derechos humanos. La dilación de esta legislatura afecta profundamente la situación de los derechos humanos en el Estado y cuestiona sus prioridades.
Continúa a cargo de la Comisión un presidente interino o sustituto, que lleva ya 9 meses en esta irregular situación. No podemos menos que deplorar la tardanza del Congreso en este delicado y urgente campo.
Aún no se ha iniciado una investigación sobre la gestión de Rafael Cebada como Presidente de la Codhey. En 1999 el Equipo Indignación presentó ante el Congreso una demanda de Juicio Político. Si bien esta demanda no prosperó bajo la figura del juicio político, hay hechos que debieran ser investigados y sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exigiendo la rendición de cuentas de su ex titular.

e) La tortura
Yucatán es el único estado de la República Mexicana que no cuenta con una legislación para prevenir y sancionar la tortura, ausencia grave que es ahora responsabilidad de la actual legislatura. Los ciudadanos y ciudadanas de Yucatán estamos jurídicamente indefensos frente a actos de Tortura. Este delito no se puede denunciar como tal y mucho menos exigir la reparación del daño.

II. DERECHOS INDÍGENAS

Yucatán es un estado multiétnico y pluricultural, que se niega a reconocerse como tal. El pueblo maya posee enormes riquezas culturales y conserva, en algunos casos, sus propios sistemas normativos y de elección de autoridades. Sin embargo, sus derechos como pueblo no están reconocidos en la Constitución del Estado.
Sin el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, difícilmente cambiará la relación entre los pueblos mayas y las instituciones del Estado, que ha sido de dependencia, discriminación y violación cotidiana de derechos.
Exigimos una búsqueda legislativa que respete lo pactado en San Andrés, y reconozca los derechos de los pueblos indios de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa.
El Congreso del Estado de Yucatán no ha votado dicha ley —lo hemos llamado a rechazarla—, incumpliendo su obligación. La reforma estatal en esta materia está pendiente, pero tendrá poca eficacia sin el amparo que proporciona el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios en la Carta Magna.

III.- DIVERSIDAD, TOLERANCIA Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Los seropositivos
Con respecto a las personas que viven con VIH/SIDA, los problemas detectados en Yucatán son: la falta de servicios médicos adecuados, especialmente en el área rural; respuestas limitadas ante quejas de violación a los derechos humanos; incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM 010-SSA2-1993), particularmente en lo que toca a la confidencialidad y no obligatoriedad de la prueba de detección del VIH, situación agravada en el sector laboral, sea por negativa a admitir en los centros de trabajo a personas seropositivas, como por despidos injustificados; falta de información pública suficiente y escasa labor de prevención de parte del Estado.
Por eso proponemos:
Garantizar a todos y todas el derecho a una información completa y veraz sobre la prevención de esta enfermedad y sobre los derechos sexuales y reproductivos, respetando la capacidad del hombre y la mujer para tomar decisiones.
Incorporar al código penal del Estado el delito de discriminación.
Vigilar que las empresas no apliquen la prueba de VIH a quienes solicitan empleo o realizan otros trámites administrativos, en cumplimiento de la Norma Oficial, en su párrafo 6.3 y sancionar a las que lo hagan.
Reglamentar el derecho de las personas infectadas a casarse y formar una familia, salvando el derecho al conocimiento informado de la futura pareja.
Crear programas de cobertura total y permanente de medicamentos al 100% de los infectados de población abierta, garantizando que el presupuesto asegure la atención de este sector vulnerable de la población.

b) Perspectiva de género
La actual legislatura no ha concretado el compromiso de crear la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
Al constatar que en algunos centros de trabajo persisten prácticas violatorias de los derechos humanos, como la aplicación de la prueba de embarazo para solicitar empleo, advertimos que el Gobierno del Estado está incumpliendo la obligación de vigilar que las empresas funcionen con apego a las leyes. El Congreso del Estado debe tomar esto en cuenta a la hora de revisar los informes que el Ejecutivo rinda.
Celebramos las acciones que tanto en el gobierno estatal como en el municipio de Mérida se han emprendido para dar atención integral a las mujeres que sufren violencia o cuya integridad está en riesgo.
Alertamos, sin embargo, sobre la urgencia de hacer una revisión de los ordenamientos legales con perspectiva de género, para lo cual se requiere de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
En la procuración de justicia el Estado dista mucho de garantizar la atención eficaz y respetuosa de las mujeres víctimas de violencia, para lo cual debe capacitar a su personal y eliminar las dificultades que pone el Ministerio Público en las denuncias por violación o abuso sexual.

IV.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

a)Sobre la procuración de justicia
No existe la garantía de la tutela efectiva de los derechos de la víctima, incluyendo aspectos como reparación del daño.
En el pasado la dependencia del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo impidió la eficaz procuración de justicia, especialmente en los delitos atribuidos a servidores públicos, por lo que deben buscarse los mecanismos adecuados para garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Revisar el código penal y homologar la edad penal a los 18 años, respetando los tratados internacionales firmados por México. La disminución de la edad penal no es un factor de disminución de los índices de inseguridad pública. Es necesario establecer sistemas eficaces de prevención del delito entre los menores, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Urge reestructurar integralmente el sistema penitenciario y las leyes que lo rigen.

b)Impartición de justicia
La persistencia de actitudes negligentes o dilación en el proceso, por el que los plazos dentro de los procedimientos duran más tiempo que el permitido por la ley; la extorsión; la falsificación de documentos; la negativa a la reparación del daño por parte del Estado; el tráfico de influencias y la negativa al derecho de petición son ejes del diagnóstico de la violación al derecho a juicios justos.
Se requiere un órgano de vigilancia y disciplina para el poder judicial, como puede ser un Consejo Estatal de la Judicatura, análogo al federal. Deberá garantizarse que este órgano actúe con autonomía e independencia.

c)Las cárceles
Aun cuando la actual administración haya heredado cárceles en condiciones inhumanas gestadas desde gobiernos anteriores, todavía desconocemos qué acciones ha emprendido para garantizar los derechos humanos de los internos e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado.
Tenemos conocimiento de que este gobierno recibió ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desconocemos hasta qué punto la ha cumplido.
Es pertinente señalar que diferentes administraciones priístas recibieron, continuamente, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1993 por las condiciones violatorias a los derechos humanos en que se encontraban las cárceles del Estado. Esas recomendaciones se mantuvieron durante mucho tiempo como “parcialmente cumplidas.”. Es obligación del Ejecutivo garantizar que se cumplan en su totalidad e investigar a los responsables de las graves irregularidades que se encontraron en esos centros de readaptación.

V.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Hay indicadores que colocan a Yucatán en el cuarto Estado del país en nivel de pobreza. Están en riesgo para un amplio sector de la población los derechos más elementales que garantizan una vida digna. Sin atender las causas que dan origen a esta situación, difícilmente podremos aspirar a vivir en un estado democrático y difícilmente las autoridades podrán decir que cumplieron con su encomienda.
La actual situación económica pone en riesgo derechos laborales, que deben ser protegidos por el Estado.
Los derechos humanos, su pleno reconocimiento y respeto, será la medida para evaluar el trabajo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Yucatán.

Indignación A.C.
Promoción y defensa de los derechos humanos

 

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2001

A las autoridades del IMSS

Mérida, Yucatán; 5 de diciembre de 2001

Dr. Santiago Levy Algazi.
Director General del Instituto Mexicano
Del Seguro Social.

Ing. Milton Rubio Madera
Delegado Estatal del IMSS

Dr. José Iván Aguilar Vivas
Director Regional del Seguro Social

Con profunda preocupación, las organizaciones civiles de derechos humanos abajo firmantes, manifestamos nuestro extrañamiento por la posibilidad de que la Dra. Rocío Marthell López sea nombrada Directora de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Conkal, Yucatán, según información publicada en un periódico local.

Nuestra preocupación estriba en el hecho de que, durante la gestión de Dra. Martell como Directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán, se denunciaron una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los menores infractores recluidos en dicha Escuela, mismas que en la actualidad están siendo investigadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dentro de las principales denuncias señaladas por los familiares de los menores y trabajadores de la Escuela, sobresale el imponer castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH-sida); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

En este sentido, nos preocupa que, una persona cuya actuación al frente de una institución pública está siendo investigada por la CNDH por graves violaciones a los derechos humanos, asuma un puesto de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural, en donde la sensibilidad, la honestidad y el respeto a los derechos humanos son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social garantice la seguridad de sus derechohabientes y revise la decisión de nombrar como responsable de la clínica a una persona que, actualmente, está siendo investigada como responsable de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños internos de la Escuela Social de Menores Infractores, cuando menos hasta que la CNDH determine si efectivamente hubo o no violaciones a los derechos humanos durante la administración de la Dra. Marthell al frente de la Escuela Social de Menores Infractores.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada, nos despedimos de usted, no sin antes expresarle nuestra consideración y estima, en espera de su pronta respuesta.

Atentamente.

Por Indignación, Promoción y Defensa Por el Centro de Derechos Humanos
De los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Cristina Muñoz Menéndez. Jorge Fernández Mendiburu.

Extrañamiento y preocupación ante la inacción de la procuraduría del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán; 3 de diciembre de 2001

Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del Estado de Yucatán

Lic. Miguel Ángel Díaz Herrera
Procurador de Justicia del Estado de Yucatán

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C., perteneciente a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifiesta su extrañamiento y preocupación ante la inacción de la procuraduría del Estado de Yucatán frente a los presuntos hechos delictivos cometidos durante la gestión de la Dra. Rocío Marthell López como directora de la Escuela Social de Menores Infractores del Estado de Yucatán en perjuicio de menores internos en esa escuela social.

Según testimonios de varias personas (padres de familia y trabajadores de la institución) que acudieron a este Equipo de Derechos Humanos para denunciar la situación imperante en la Escuela de Menores Infractores, la ex directora de dicha Escuela, imponía castigos crueles y degradantes a los internos y las internas. Tales castigos consistían en encerrarlos en celdas de condiciones inhumanas, dejarlos varios días sin comer o golpearlos; les gritaba y humillaba de diversos modos (expusieron el caso de un niño a quien vistió de mujer y el de otro a quien amenazó con inyectarlo con sangre contaminada de VIH); difamaba a los padres de los niños y niñas y también se dirigía a los padres de familia con gritos y prepotencia; incluso y a raíz de la inspección que en agosto de este año realizaron visitadores de la CNDH a las instalaciones de la Escuela de Menores en donde pudieron entrevistarse con algunos de los internos, se llegaron a mencionar situaciones de abuso sexual y desapariciones de menores.

El gobierno del Estado seguramente tiene conocimiento de que estos hechos están siendo investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha abierto el expediente 2001/1926. Sin embargo, esa investigación no exime al gobierno del Estado de la responsabilidad que tiene frente a la posible comisión de delitos.

Por cuanto hace a la responsabilidad del gobierno estatal, es preciso mencionar que ya desde 1999 los denunciantes hicieron del conocimiento del entonces Secretario de Gobierno del Estado, Cleominio Zoreda, las condiciones inhumanas que vivían los menores internos en la referida Escuela Social, pero sin obtener ningún resultado por parte de la administración de Cervera Pacheco.

En este mismo tenor, y a pesar de que la Dra. Martell fue removida de su puesto por la actual administración, es incuestionable la responsabilidad que pesa sobre el actual Ejecutivo Estatal, toda vez que los actos presuntamente desplegados por la Dra. Martell durante su administración al frente de la Escuela de menores infractores, pueden configurar a su vez una serie de conductas delictivas que la Procuraduría de Justicia del Estado está en obligación de investigar, independientemente de que la CNDH haya conocido del asunto. La obligación de la Procuraduría de Justicia del estado y por lo tanto del gobierno estatal, se fundamenta en el hecho de que quienes han sido agraviados con los supuestos actos cometidos por la Dra. Martell, han sido justamente un amplio sector de la sociedad como lo son en este caso los niños y niñas yucatecos que se encuentran en la escuela. No sólo eso, con sus acciones la Dra. Martell también puede incurrir en los supuestos que, bajo el título de delitos cometidos por servidores públicos establece el Código Penal del Estado de Yucatán. En tal virtud, es incuestionable la responsabilidad que tiene la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar que estos abusos denunciados queden en la impunidad.

Cabe señalar que ha sido justamente la omisión para iniciar la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y la dilación en las investigaciones que efectúa la CNDH, lo que permitiría a la Dra. Marthell acceder nuevamente a un puesto público de gran responsabilidad como lo es la dirección de una institución de salud en una zona rural —según información publicada en el Diario de Yucatán la Dra. Marthell sería directora de la clínica del Seguro Social en Conkal—, en donde la sensibilidad y la honestidad son requisitos indispensables para efectuar cabalmente la labor en el ramo de la atención médica. Por lo tanto, mientras no exista una determinación clara por cuanto hace a las violaciones a los derechos humanos imputadas a la Dra. Marthell durante su administración en la Escuela de Menores Infractores, es incuestionable el riesgo que para los derechohabientes resulta el tener como funcionaria a una persona acusada de hechos tan graves y presunta responsable de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. hace un enérgico llamado al Ejecutivo Estatal para que cumpla con el compromiso de velar por los intereses de la sociedad y de combatir la impunidad, e inicie la investigación penal que corresponde en este caso.

Atentamente,

 

Por INDIGNACIÓN,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

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