Agresión contra ejidatarios de Halachó

Ejidatarios de Halachó que defienden sus tierras y que han promovido la Acción Restitutoria por el despojo que enfrentan vivieron nueva agresión por parte de un trabajador del señor Herbert Zumárraga Rejón ayer, lunes 18 de julio.

Esta agresión también estuvo dirigida contra el equipo Indignación, puesto que el daño fue precisamente a la camioneta de este centro de derechos humanos, particularmente a las llantas delanteras de la camioneta, que fueron dañadas con un objeto punzocortante y quedaron inutilizables.

La agresión ocurrió alrededor de la 1.30 de la tarde, durante un recorrido por los terrenos de los ejidatarios para mostrar y explicar la situación a un asesor del ejido y del equipo Indignación. Un empleado del señor Zumárraga tomaba fotos de las personas que se encontraban haciendo ese recorrido.

De hecho el evento ocurrió durante el recorrido por una de las parcelas que está en posesión de uno de los ejidatarios, aunque colinda con la entrada al rancho, por lo que el empleado del señor Zumárraga tuvo que entrar indebidamente a este terreno para dañar la camioneta.

Cuando los ejidatarios regresaron al lugar en el que habían dejado la camioneta, después del recorrido que se hizo con un asesor del ejido y del equipo Indignación, encontraron ahí, parado junto a la camioneta, a un señor de nombre Raymundo Moo Yah, empleado de Zumárraga, y encontraron las dos llantas delanteras dañadas. El trabajador del señor Zumárraga no negó que él hubiese cometido el daño y amenazó a los compañeros ejidatarios y al asesor agrario.

Por el daño a las llantas la camioneta estaba prácticamente inutilizable, pero aún así los compañeros decidieron retirarse de ahí ante las amenazas y para evitar enfrentamientos. En el taller donde se repararon las llantas el mecánico dijo que el objeto punzocortante atravesó todas las capas, de ambas llantas.

Por estos hechos y después de insistir puesto que el Ministerio Público se negaba a aceptar la denuncia, se abrió la carpeta de investigación 516/2016 ante la agencia décimo sexta con sede en Maxcanú, Yucatán.

A través de una demanda de acción restitutoria, presentada en abril de 2015 ante el Tribunal Unitario Agrario, campesinos mayas ejidatarios de Halachó defienden sus tierras, invadidas por el señor Herbert Zumárraga Rejón.

Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los ejidatarios enfrentan desde hace 5 años un hostigamiento judicial por parte del señor Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta.

La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas que ha invadido y pretendido cercar el empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales y, a fin de cuentas, parte del territorio que como pueblo maya les corresponde.

Más de 40 campesinos han sido criminalizados, puesto que el señor Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño en propiedad ajena y robo (de postes) y utilizando el aparato de procuración y administración de justicia para hostigarlos.

La diligencia del Ministerio Público para atender las denuncias del señor Zumárraga cuando ha intentado criminalizar a los ejidatarios contrasta con la reticencia del mismo Ministerio Público para aceptar la denuncia por el daño a las llantas de la camioneta y por el permanente hostigamiento de personas empleadas del señor Zumárraga contra los ejidatarios, al amenazarlos continuamente, mover o dañar sus alambrados, cerrar caminos y hostigarlos de distintas formas.

DomingoCauichHalacho

Tortura exhibe crisis de derechos humanos en Yucatán

Equipo Indignación

 

El video que muestra a los policías municipales de Tekax torturando a una persona pone en evidencia un crimen que es sistemáticamente negado y encubierto y, por lo tanto, perpetuado. El de Tekax no es un caso aislado.

En el caso de Temax la evidencia es mucho más dolorosa: la muerte de William Roberto. Y, sin embargo, se ha intentado encubrir.

La persistencia de la tortura, perpetrada por agentes policiales de distintas corporaciones prácticamente en toda detención, exhibe una crisis de derechos humanos en Yucatán, profundizada por la negación y por el encubrimiento de las autoridades.

El video de Tekax, junto con el lamentable asesinato de William Roberto, obligan a establecer una serie de medidas para investigar TODOS los casos de tortura de acuerdo a los más altos estándares y a establecer garantías de no repetición, así como reparación del daño a las víctimas y a sus familiares.

Lamentablemente el Gobierno de Yucatán no muestra respeto ni conocimiento ni interés en materia de derechos humanos. La fiscalía no investiga y perpetúa la actuación criminal de la policía, contumaz en los maltratos, abusos, torturas.

La decisión de los diputados de posponer hasta septiembre la creación de una comisión que investigue los casos de tortura exhibe la profundidad y extensión de la crisis de derechos humanos que enfrentamos. Dicha comisión tendría que investigar, no sólo el caso de Tekax, sino todos los casos de tortura así como las múltiples deficiencias en las investigaciones, el encubrimiento y establecer responsabilidades.

La legislatura anterior no se tomó siquiera la molestia de calificar el juicio político contra el alcalde de Seyé, acusado entre otras cosas de torturar a un periodista de ese municipio. El tiempo le quitó el fuero que la negligencia de los diputados le mantuvo y ahora el ex alcalde enfrenta un juicio ante un juzgado federal, pero hasta ahora han omitido procesarlo precisamente por tortura.

El asesinato de William Roberto en Temax se suma a la muerte de Roberth Tzab Ek en Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura y a otro caso consignado en la recomendación 7/2014 de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), que exhibe otro asesinato producto de la tortura infligida a un persona en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en Mérida. Ni siquiera en esa ocasión el organismo público de derechos humanos concluyó tortura, crimen que suele calificar como “violación al derecho a la integridad personal”.

Es indispensable sancionar a quienes infligen la tortura, a quienes cometen el crimen, pero también a quienes lo han encubierto. Exigimos sanción, reparación y garantías de no repetición.

 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, al presentar el informe sobre su visita a nuestro país en 2014, afirmó que en México la tortura es generalizada y llamó al gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en esta materia.

El relator, en el apartado de Recomendaciones, estableció entre otras cosas:

80. La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento. Para combatirla (…) el Relator Especial recomienda:

a) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal;

b) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos;

c) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.

(…)

82. Respecto a las investigaciones:

a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura;

b) Garantizar la suspensión administrativa inmediata de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos;

c) Documentar y sancionar los casos en los que los jueces o fiscales no ordenen investigaciones de torturas de oficio al recibir denuncias o constatar posibles torturas;

d) Garantizar la pronta realización de exámenes médicos conforme al Protocolo de Estambul por personal independiente y capacitado sobre los estándares que rigen su aplicación, proporcionar copia de los exámenes una vez concluidos y asegurar que la ausencia de evidencia física en el examen médico no se interprete automáticamente como inexistencia de torturas;

e) Garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e imparcialidad;

f) Asegurar que las pericias forenses practicadas por particulares sean admitidas como pruebas y valoradas en iguales términos que las pericias oficiales.

 

Éstas son sólo algunas de las recomendaciones. El informe completo y todas las recomendaciones pueden consultarse en: http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf

Equipo Indignación A.C.

16 de julio de 2016

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Tortura en Yucatán: encubrir a toda costa

Equipo Indignación

Ante la evidencia de tortura cometida por Policías Municipales de Tekax (y probablemente un integrante de la Policía Estatal, al menos con camiseta de esa corporación), el Gobierno de Yucatán admite, sin llamarle por su nombre, “hechos lamentables” y condena esa y “cualquier práctica que atente contra los derechos humanos”.

Sin embargo hace poco más de un mes, en mayo pasado, policías municipales de Temax torturaron a William Roberto Chan Cob con tal brutalidad que le ocasionaron la muerte. El Gobierno de Yucatán, el mismo que ahora deplora los hechos ante la evidencia, hace algunas semanas a través del forense de la Fiscalía, determinó parasitosis en una conclusión absurda que no tiene más objetivo que encubrir la tortura. Los policías responsables no fueron detenidos ni se les investiga. La fiscalía no actúa como tal. Parece esperar una recomendación de un organismo internacional para actuar como le correspondería. Mientras tanto, prefiere omitir cualquier investigación, cualquier acción.

Unos días después de la tortura en Temax, se informó del fallecimiento de un detenido en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, en Mérida. Se dijo que fue por infarto.

Y ahora es de nuevo Tekax. Fue precisamente ahí, pero en los separos de la entonces Procuraduría Estatal y en agosto de 2010, donde falleció Roberth Tzab Ek en circunstancias que obligan a sospechar tortura. Sin embargo, desde 2010, la entonces Procuraduría y las Fiscalías no han hecho más que obstaculizar la investigación e intentar cerrarla. Ha sido “a punta” de amparos y otros recursos como se ha impedido cerrar la investigación, porque se niegan a investigar a los policías y a quienes eran responsables del detenido puesto que lo tenían bajo su custodia.

¿Cuántos “suicidios” en las cárceles municipales y estatales no serán en realidad crímenes de tortura encubiertos? ¿Cuántos “infartos” en las cárceles no serán producto de la tortura infligida?

25 años de batallas y es la primera vez que el gobierno de Yucatán actúa e inicia una investigación con la detención de los responsables. Ante la evidencia circulando en las redes sociales, no tuvo tiempo ni margen para manipular y falsear.

No es la primera vez que hay una grabación. L.P., compañero voluntario del equipo Indignación, grabó en 2006 un evento de tortura. Era gobernador Patricio Patrón Laviada. L.P. laboraba en el edificio que antes ocupó la antigua Procuraduría, en la calle 66. Un mal manejo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, a pesar de la petición de proteger la identidad del denunciante, lo identificó ante sus superiores y fue despedido de su trabajo. La propia Comisión se negó a actuar ante el despido por considerarlo un caso laboral ante el cual no puede actuar.

La tortura es generalizada, normalizada, impune. Es una práctica recurrente de los policías al momento de la detención. Sin embargo, no hay ningún sentenciado por tortura en Yucatán.

Las autoridades protegen y encubren a los policías al grado de falsear hechos. ¿Por qué? Como los lamentables casos de abusos sexuales cometidos por religiosos contra menores de edad, las autoridades se sintieron obligadas con los perpetradores pero no sintieron ninguna obligación con las personas agraviadas, con las víctimas. ¿Por qué?

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, en tiempos de Jorge Victoria, tuvo severas deficiencias ante casos de tortura, se limitó a recomendar cursos a policías en vez de interponer denuncias y, ante fallecimientos de personas en centros de detención, prefirió centrarse en las omisiones de quienes tienen a su cuidado a cualquier detenido y en las condiciones de las cárceles municipales, que ciertamente son deplorables, pero que podrían significar un distractor si se estuviera ante un caso de tortura.

La reelección de Jorge Victoria como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, promovida por agrupaciones que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de su evidente impericia y su incapacidad de confrontar al poder, ha sido uno de los elementos que han permitido que continúe la tortura en Yucatán.

Precisamente uno de los casos que cerró apresuradamente antes de concluir su gestión Jorge Victoria fue un caso de tortura cometido contra un joven acusado de robar un bulto de cemento. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública lo golpearon y le simularon una violación y Jorge Victoria se dio por satisfecho con el cambio de los policías responsables a otra ruta.

El actual presidente de la Codhey tiene el mal ejemplo de Jorge Victoria pero, ciertamente, no está obligado a seguirlo. Muy al contrario, está obligado a cambiar drásticamente la ruta.

El video difundido en redes sociales ha hecho la diferencia en este caso: el gobierno, a través de la fiscalía, detuvo a los policías responsables y los investiga, y deploró los hechos. La Comisión de Derechos Humanos ha dicho que interpuso una denuncia.

La publicidad del crimen ha obligado a actuar y ha evitado la natural tendencia del gobierno a encubrir.

Sin embargo, pocas veces ocurrirá lo que ocurrió hoy: que se filme y difunda la tortura. Es por eso que el gobierno está obligado a actuar en éste y en todos los casos en los que haya indicios de tortura, con investigaciones escrupulosas, apegadas a los criterios internacionales en casos de tortura.

La Comisión de Derechos Humanos está obligada también a realizar un informe especial de todos los casos de los que tiene conocimiento y a elevar las exigencias y recomendaciones de acuerdo con los criterios internacionales en esta materia, incluyendo las medidas necesarias para erradicar y sancionar esta ominosa práctica.

Equipo Indignación

12 de julio de 2016

TorturaTekaxJulio2016

 

Investigar tortura en Temax, obligación

 

El encubrimiento es también un crimen

Comunicado del equipo Indignación A.C.

Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir, son palabras dichas por William Roberto Chan Cob a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal de Temax el 22 de mayo de 2016. Falleció horas después.

William Roberto fue detenido el sábado 21 de mayo por la tarde. Vecinos escucharon gritos y observaron la violencia con la que fue detenido. De acuerdo con testimonios recabados, desde el momento de la detención fue golpeado fuertemente por policías municipales.

“Roberto tenía la cara muy hinchada por los golpes, le dolía el estómago, se quejaba, apenas podía estar parado. Había vomitado sangre con pequeños coágulos.” Es otro de los testimonios recogidos por Indignación en entrevistas a familiares y vecinos de Roberto.

Los familiares insistieron ante los policías que custodiaban la cárcel municipal que William Roberto requería atención médica, pero en este caso parece haber algo mucho más grave que omisiones y no sólo de parte de los policías municipales, sino también de quienes tienen la obligación de investigar.

De acuerdo con los testimonios recogidos, hace algunos meses William Roberto fue golpeado fuertemente por los policías municipales de Temax, también al ser detenido.

Que una persona fallezca en un centro de detención obliga a sospechar e investigar tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008.

En vez de eso, las autoridades ministeriales parecen apresurarse en determinar que no hubo tortura sin que medie una investigación, lo cual de inicio les haría incurrir en responsabilidad si han omitido acciones sensibles para una correcta investigación en un caso de tortura y el protocolo que debe seguirse en estos casos.

Los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, establecen que

2. Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas.

De acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos “…se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Indignación ha documentado que la tortura en Yucatán es un crimen que distintos cuerpos policíacos cometen sistemáticamente y que, lamentablemente, es también sistemáticamente encubierto por las autoridades que tienen obligación de investigar.

Al emblemático caso de Roberth Tzab, también fallecido en condiciones que obligaban a suponer e investigar tortura pero que ha requerido tres amparos y diversos recursos para evitar que la fiscalía cierre la investigación, se suman varios casos más, como el del joven acusado de robar un bulto de cemento, al que le simularon una violación. Los responsables, plenamente identificados, no han sido debidamente sancionados.

Recientemente se hicieron públicos otros casos de tortura, como el del adolescente con discapacidad torturado por policías de Chemax y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal, apenas en abril pasado.

Por su parte, policías estatales de Yucatán han hecho de la tortura y otros tratos crueles, humillantes y degradantes parte de cualquier detención y eso es tolerado por las autoridades.

El insistente y contumaz encubrimiento constituye un crimen y es precisamente eso lo que ha evitado erradicar la tortura del estado.

Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, basada en los más altos estándares y en los protocolos internacionales en materia de tortura que lleven a esclarecer los hechos con efectividad, así como a identificar a todas las personas que tengan alguna responsabilidad en el fallecimiento de William Roberto o en la inadecuada investigación, si fuera el caso, y sancionarlas de acuerdo a la gravedad de sus responsabilidades.

Exigimos reparación y garantías de no repetición.

 

Equipo Indignación A.C.

27 de mayo de 2016

Chichimilá: Inaceptables tratos degradantes contra adolescentes

 

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El día de ayer, distintos medios locales reportaron que habrían ocurrido abusos por parte de policías municipales y gendarmería durante un “operativo mochila” en una escuela secundaria en Chichimilá, Yucatán. Según fue difundido, miembros policiales habrían revisado, desnudado, humillado e incluso intimidado a alumnos con tal de revisar si alguno de ellos portada sustancias ilícitas. Externamos nuestra profunda preocupación y exigimos a las autoridades investigar, sancionar y aclarar los hechos, en virtud de las distinta consideraciones en materia de derechos humanos que generaría este caso.

En primer lugar, consideramos que ningún operativo con el objetivo de investigar y sancionar delitos relacionados con drogas pueda ser justificación para violar los derechos a la presunción de inocencia y a la integridad personal. La Constitución Federal reconoce el derecho de toda persona a no ser molestado en su persona y en sus posesiones sin un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que el operativo haya sido realizado por petición, permiso o aquiescencia de los padres no justifica que se viole el derecho de inocencia, realizando una fuerte injerencia no sólo en las posesiones personales de alumnos, sino en sus propios cuerpos.

Se ha reportado que estudiantes fueron obligados a desnudarse, hacer sentadillas y otras acciones invasivas y humillantes. Se informa, además, que miembros de la policía habrían amenazado a los que se negaron a quitarse la ropa bajo la amenaza de “ponerlos con los que tienen drogas”.

Tanto la Constitución Federal como la Convención sobre derechos del niño y otros tratados internacionales, prohíben el trato inhumano y degradante. Estos actos son mucho más graves cuando son infligidos a los menores de edad, debido a la especial protección que deben recibir por parte de la sociedad y las autoridades. De comprobarse los hechos, implicarían un caso de suma gravedad y que pondría en evidencia la indolencia y la naturalización con la que autoridades municipales y estatales ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes a la hora de ejercer sus funciones.

Recientemente hemos advertido la impunidad que prevalece frente a casos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes ejercidos por elementos policiacos en Yucatán. El caso en la escuela de Chichimilá sería una muestra más que confirmaría el carácter sistemático de estas prácticas, las cuales no distinguen ni sexo, ni edad, ni ningún otra condición, estando expuestas a sufrirlas cualquier persona que se vea obligada a tratar con las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, hemos ya hemos manifestado nuestra preocupación por algunos puntos que comprenden el Escudo Yucatán y hemos realizado observaciones al respecto. Una de ellas se refiere precisamente a la necesidad de combatir la impunidad en todos los casos y, particularmente, en delitos cometidos por autoridades. Llama la atención que uno de los puntos del Escudo Yucatán sea aumentar penas por delitos sexuales y similares que afecten, sobre todo, a menores de edad. Estas reformas están siendo actualmente discutidas en el Congreso de Yucatán.

Sin embargo, reiteramos que aumentar las penas para este tipo de delitos no tendrá efecto alguno mientras prevalezca la impunidad con las penas actuales y, sobre todo, en casos como el que ahora se ha hecho público que implica a las autoridades que infligieron tratos crueles y humillantes a menores de edad, lo cual agrava el delito y sus consecuencias.

De nada servirá aumentar las penas si se vuelven delitos de papel y no verdaderas obligaciones de investigar y sancionar por parte de las autoridades. No servirá de nada este tipo de reformas si persiste la impunidad. Cada caso que ocurre en la entidad y que no es castigado, representa una grieta más en la institucionalidad y en la seguridad de la entidad. Envía el mensaje de que es posible cometer estos delitos sin recibir consecuencias.

También consideramos preocupante que el combate al crimen organizado en Yucatán reproduzca la lógica del Gobierno Federal, priorizando la persecución al consumo de drogas y su criminalización. No se puede garantizar paz y seguridad si primero no se garantiza un Estado de Derecho, el cual, por definición, debe tener como punto de partida y como límite a su actuación la legalidad en materia de derechos humanos.

Solicitamos a la Fiscalía del Estado de Yucatán, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que investiguen los hechos ocurridos en la escuela de Chichimilá y, en su caso, garanticen se impongan las sanciones correspondientes a los que resulten responsables.

Asimismo, solicitamos al Gobierno del Estado que replantee las prioridades en el Escudo Yucatán con un enfoque basado en los derechos humanos y dirigido al combate a la impunidad, sobre todo cuando los delitos son cometidos por miembros del estado.

Al Congreso del Estado, solicitamos discutir y plantear las reformas que verdaderamente garanticen el combate a la impunidad, como es garantizar la independencia orgánica de la Fiscalía del Estado de Yucatán del Poder Ejecutivo.

Equipo Indignación

Mérida, Yucatán, 23 de abril de 2016

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Escudo Yucatán: impunidad y tortura

Consideraciones del equipo Indignación

Ante el anuncio de un conjunto de medidas de seguridad presentadas por el Gobierno del Estado de Yucatán bajo el nombre de “Escudo Yucatán”, quienes integramos el Equipo Indgnación manifestamos nuestra preocupación por la ausencia de un enfoque basado en el pleno respeto a los derechos humanos, así como por las posibles consecuencias negativas en esta materia. Esta preocupación es mayor en un estado como Yucatán, en el que lamentablemente la tortura es una práctica sistemática y en el que se garantiza impunidad a quienes la perpetran.

De igual manera advertimos contra el riesgo de utilizar una legítima preocupación ciudadana, como lo es la seguridad, sobre todo en el actual contexto de crisis nacional en esta materia, para proponer un programa que resulte más costoso que eficiente, poco transparente, sin mecanismos de control y quizá con una intención más publicitaria que veraz al enfrentar el complejo fenómeno de la delincuencia y la seguridad.

 

Tecnología para investigar y vigilar

El Gobierno del Estado no ha dado detalles sobre el tipo de equipo para monitorear y vigilar que será implementado con la excusa de que hacerlo pondría en riesgo el Escudo. Se habla de procesar, almacenar y analizar información. Sin embargo, preocupa no sólo que no se especifique en qué consistirá esto, sino que, ante ésta falta de certeza, tampoco hay manera de determinar si los mecanismos existentes a nivel local son suficientes, adecuados y efectivos para que las y los ciudadanos puedan protegerse ante intervenciones en sus comunicaciones ilícitas. Recordamos que hace menos de un año una filtración de documentos de la empresa italiana Hacking Team señaló al Gobierno de Yucatán como uno de sus principales clientes en México. Preocupa por supuesto la posibiliad de que se contraten servicios de inteligencia para espiar, monitorear y grabar llamadas, correos electrónicos y otros medios de comunicación de ciudadanos.

Ante la falta de transparencia de este contrato, el temor de que incluya acciones de espionaje y la falta de detalles sobre los servicios y equipo que, además de cámaras, se incluiría en el Escudo Yucatán, nos preocupan las implicaciones que podría tener para las y los habitantes en su derecho a la privacidad. Reconocemos que las medidas de seguridad pueden disponer de cierta información reservada para su funcionamiento, pero esta reserva debe ser proporcional, estar sujeto a mecanismos de control para derogarla en caso de así ser necesario y otorgar, al menos, pautas generales para que la población sepa en qué se utiliza el dinero público y, en su caso, poder combatir por vía judicial las medidas que considere le afectan en su privacidad.

 

Atención a víctimas

Se incluye una iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la cual ya había sido ordenada por el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán en sentencia emitida este año. Sin embargo, no se dan detalles sobre su contenido. Nos preocupa que la ley planteada sea una réplica de la Ley General de Víctimas a nivel federal, la cual ha sido cuestionada y criticada ampliamente. En informe presentado este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el diseño de la Ley General de Víctimas “choca” con leyes ya existentes, haciendo del acceso a la reparación un verdadero laberinto burocrático, donde no queda claro qué institución hace qué.

Actualmente, existen 13 leyes en Yucatán que hacen referencia en distintos grados a las víctimas y su reparación. Agregar sin mayor cuidado una ley de reparaciones a violaciones a derechos humanos a partir del esquema trazado por la Ley General de Victimas generaría un efecto “laberinto”, el cual aumentaría la burocracia y la re-victimización en contravención de los objetivos para los cuales piensa crearse.

De esas 13 leyes, 7 de ellas crean un Comité Técnico Interinstitucional o un Consejo encargado de su implementación y cumplimiento. No sólo preocupa que muchos de esos Comités y Consejos son establecidos de manera casi idéntica en algunas de esas leyes, distinguiéndose únicamente por menciones sin sustancia a la temática de cada ley, sino que son conformados por distintas autoridades de alto rango de los tres poderes del estado. No son idóneos para garantizar la reparación a víctimas en casos concretos. Muchas de las leyes enlistadas no poseen mayor mecanismo de implementación que la articulación de esos Comités o Consejos, resultando en herramientas blandas para leyes que presumen un contenido generoso.

Esos Comités o Consejos presentan dos obstáculos importantes. Por un lado, la incapacidad operativa para que autoridades de alto rango, además de dedicar tiempo y recursos a las múltiples actividades que de por sí ya poseen, puedan dedicarse personalmente a atender materias especializadas, de suma importancia y cuyo contenido es tan variado que no puede ser abordado de manera superficial.

Por otro lado, la sobre-representación de distintas autoridades de los tres poderes del Estado le resta independencia, sobre todo cuando los victimarios de las violaciones a derechos humanos sean algunas de las autoridades conformantes del Comité o Consejo encargado de reparar a la víctima o garantizarle algún derecho relacionado con la reparación.

¿Quién va a reparar qué? ¿En qué se diferenciará de la Ley de atención y protección a las víctimas del delito para el Estado de Yucatán? ¿Cómo definirá que alguien es una víctima de derechos humanos y cómo se diferenciará de la víctima del delito? Si bien coincidimos en la importancia de contar con esa ley, nos preocupa la laxitud con la que se presenta una propuesta sin atender a la armonización que necesita con las leyes ya existentes y respondiendo esas dudas necesarias para no reproducir los errores de la Ley General de Víctimas.

 

Escudo Yucatán: en contradicción con la reforma penal del 2008

El nuevo sistema de justicia penal, acorde con una tendencia mundial, tiene entre sus novedades evitar que cualquier delito llegue a juicio, privilegiando la conciliación entre las partes en delitos que no son graves y priorizando la persecución judicial de los delitos que, por su gravedad, no pueden estar sujetos a un arreglo (homicidio, feminicidio, violación, pornografía infantil, entre otros).

Sin embargo, entre las reformas presentadas se pretende calificar como grave el delito el “robo a casa habitación”, según fue destacado en distintos medios. Esto implicaría que cualquier persona que robe sin violencia alguna y sin importar el monto, pasaría todo el juicio sin derecho a libertad bajo caución. Esta medida va en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que limitan la prisión preventiva únicamente a los casos en los que haya peligro de que el sospechoso pueda causarle daño a alguien o haya peligro de que escape de la justicia.

Además, hay que recordar que, por definición, tener derecho a llevar un juicio fuera de una celda implica pagar un monto que, en su caso, pueda reparar el daño. Es decir, no es proporcional la medida, no previene la comisión de delitos, ni otorga más facilidades a las víctimas para acceder a la reparación. Sí, en cambio, podría criminaliza la pobreza, entra en contradicción con el nuevo sistema penal tan celebrado por el mismo Gobierno del Estado y fomenta la idea de que el derecho penal sirve para administrar la venganza.

Se busca, además, aumentar las penas de los delitos de abuso sexual contra menores y la falsedad de declaraciones ante una autoridad. El endurecimiento de penas en sí mismo no es suficiente para prevenir delitos. En cambio sí tiene gran relevancia la impunidad y, lamentablemente, sobre ese doloroso tema no hay propuestas para enfrentarla y reducirla.

Resulta poco creíble que el Gobierno afirme estar dispuesto a hacer todo para garantizar la justicia y seguridad en el estado, cuando sigue impune el homicidio de Roberth Tzab Ek, cometido en los separos de Tekax en circunstancia que hacen presumir tortura policial. Hemos acompañado casos de violencia sexual contra menores de edad que permanecen impunes y cuyo camino por las fiscalías y juzgados penales en busca de justicia resulta un verdadero calvario.

Hace falta una mejor administración dentro del Poder Judicial, no sólo en el ámbito penal, debido al gran rezago y desorganización que ha caracterizado su actuación en los últimos años. Hace falta dotar de plena independencia a la Fiscalía para que los casos en los que se vean implicados oficiales puedan ser investigados imparcialmente. Hace falta otorgar más recursos para descentralizar la justicia en el estado, dando funcionarios de municipios fuera de Mérida mejor capacitados y con mejores herramientas técnicas para investigar con los más altos estándares.

 

Transparencia en el proceso y en el presupuesto

El Escudo Yucatán pretende contratar la mayor deuda en la historia de Yucatán. No hay transparencia, ni claridad sobre el destino de los 1,500 millones de pesos que se destinarían para implementar las distintas estrategias. Las políticas públicas cuestan y no se debe escatimar en derechos y seguridad. Sin embargo, debe haber transparencia y claridad en los montos que pretenden destinarse para que la población pueda constatar que resulta justificable la inversión. Hasta ahora, ha habido reticencia al informar el destino de la deuda que se quiere asumir.

Asimismo, no se han difundido los documentos de las iniciativas presentadas. Ni el Gobierno del Yucatán, ni el Congreso del Estado, los han hecho públicos para que la población pueda conocer a detalles qué se está discutiendo realmente y qué implicaciones tendrá el Escudo Yucatán.

*   *   *

De manera general, externamos nuestra preocupación por las posibles repercusiones en materia de derechos humanos que podrían tener éstas y otras medidas. Hacemos un llamado a combatir la inseguridad a través de la justicia social, el acceso equitativo a la justicia en cada punto del Estado, la disminución de la brecha de desigualdad, el combate a la impunidad y fortaleciendo la independencia de los tres poderes en el estado.

Aunque se ha mencionado como parte de Escudo Yucatán una política social, eso se ha hecho de manera tangencial. Lamentamos el privilegio en el anuncio de medidas espectaculares sobre una estrategia basada en los más altos estándares en derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.

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Por tercera ocasión, se ordena a Fiscalía reabrir caso de tortura

  • Escudo de impunidad en Yucatán encubre a Policías
  • Justicia Federal ampara nuevamente a Roberth Tzab

En medio de denuncias por tortura atribuidas a policías municipales, estatales e incluso federales en el Estado; en medio del anuncio del programa “Escudo Yucatán”, de nueva cuenta un amparo ha ordenado a la Fiscalía continuar con la investigación de Roberth Tzab Ek, quien murió en una cárcel de Tekax en agosto de 2010 en condiciones que obligan a sospechar precisamente tortura.

Desde el momento en que sucedieron los hechos Indignación solicitó al entonces Procurador, Héctor Cabrera, que las investigaciones que realizara dicha institución se hicieran apegadas a los protocolos y estándares internacionales en materia de tortura, por las condiciones en las que falleció Roberth Tzab Ek.

Desde que ocurrieron los hechos, la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, se ha empeñado en no investigar, en cerrar el expediente, en desvanecer responsabilidades, en señalar vaga y fallidamente y cerrar nuevamente la investigación, en no encontrar responsables. En tres ocasiones el Ministerio Público ha ordenado cerrar la investigación, cierre que cada vez ha sido avalado por la Fiscalía.

Cierre tras cierre, a través de amparos, impugnaciones y otros recursos, se ha obligado a la Fiscalía a continuar con la investigación, tal como ocurre ahora que, de nueva cuenta, la juez federal 4ª de distrito en el Estado ordenó a la fiscalía continuar la investigación.

En ocasión anterior, en enero de 2014, ya un juez ordenó reabrir la investigación y hacerlo precisamente por tortura.

En esta ocasión, la juez estimó que determinar el no ejercicio de la acción penal, como hizo el Ministerio Público y como avaló la Fiscalía, es inconstitucional, violatoria del artículo 21 de la Carta Magna.

La juez señala que “…la autoridad ministerial ha determinado que la muerte del señor ROBERT TZAB EK (o) ROBERT GILBERTO TZAB EK, fue ocasionada por causas externas, sin haber realizado la investigación que corresponda, a fin de acreditar el cuerpo del delito que se actualiza ni la probable responsabilidad del o los responsables del mismo.”

Cabe señalar que, entre los recursos interpuestos, los hubo también para señalar lo inconveniente que resultaba que el propio Ministerio Público de Tekax estuviera a cargo de la investigación pues precisamente ahí ocurrieron los hechos y se encontraban sin duda responsables de la muerte de Roberth Tzab. Como consecuencia de esa impugnación el caso se pasó al Ministerio Público con sede en Ticul, que ha sido igual de omisa para investigar, igual de insistente en mantener la impunidad en un caso en el que la responsabilidad de quienes tuvieron a Roberth Tzab bajo su custodia es más que evidente.

Esta resolución llega cuando en Yucatán se conocen casos por tortura tanto cometidos por agentes municipales, como el adolescente discapacitado torturado en Chemax en semanas pasadas, como el dado a conocer apenas ayer 6 de abril en Conkal, del adolescente torturado por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

En un informe presentado por Indignación durante la visita de la CIDH a México el año pasado, también se da a conocer el caso de un joven torturado por la policía estatal. En ese caso, también estuvo detenido arbitraria e ilegalmente un menor de edad y el joven torturado, a quien golpearon y contra quien simularon una violación era acusado de robar un bulto de cemento. El caso continúa impune y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán lo cerró junto con los casos que concluyó apresuradamente al finalizar la gestión del anterior ombudsman.

La insistencia de la Fiscalía en no investigar, el empeño en mantener la impunidad pone en duda el enfoque de un programa de seguridad en un Estado en el que la tortura es sistemática, extendida y encubierta.

 

BASTA

El Varejón 144: Los derechos del pueblo

El Varejón 144, con los derechos de los pueblos Puedes leerlo en línea en el siguiente enlace

o descargarlo aprietando en la imagen:

144 PortadaVarejon144

Aquí dejamos, para abrir boca, la presentación:

Con los derechos de los pueblos, va este Varejón, con la intención de ir un poco más abajo, un poco más adentro, entre los montes, la tierra, las aguadas, la costa, el mar, el territorio, la libre determinación, la autonomía. Chablekal abre esta edición y en realidad abre una discusión nacional sobre la tierra y el territorio al reivindicar el derecho del pueblo como legítimo titular de un derecho que el ejido, en ocasiones, ha monopolizado. En este caso, el ejido está excluyendo al pueblo para vender y está siendo herramienta para el despojo de tierras contra el pueblo maya y a favor de grandes empresarios. En Halachó, la criminalización de la lucha por la tierra. Aquí es el ejido el que se defiende del abuso de un empresario. Tanto Chablekal como Halachó nos hablan de sus montes… y nos enseñan que en los montes hay mucho más que tierra: diversidad, historia, territorio, origen. ¡Tenemos que defender nuestros montes, gritó Chablekal ante la Procuraduría Agraria. Como si los hubiese escuchado, don Mario Tun nos regala una leyenda que algo nos muestra de los montes habitados. No es casualidad que este Varejón quiera ir con los pueblos originarios y esté dedicado a sus luchas. Por estos días se cumplen 20 años de los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el EZLN y el gobierno federal, traicionados por el gobierno cumplidos por los pueblos zapatistas, que los han hecho valer en los hechos, viviendo la autonomía en sus pueblos. Algo nos comparte Mauricio Castro sobre esto en su xec, con jícama y Chile, como fruto sabroso de la lucha. Entre los derechos de los pueblos la península ha recordado el derecho a la consulta, que si no está ligada al derecho a la libre determinación se desvirtúa y trivializa, como nos hace notar Jorge Fernández en su artículo sobre la insuficiente resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la soya transgénica. Un intento de desalojo ocurrido en Chablekal y frenado por la propia comunidad nos recuerda la fuerza del pueblo pero también nos hace ver el abuso del gobierno y la extraña forma de proceder que llega a desalojar, con la policía, sin orden de desalojo. ¡Alerta! 20 años, un katún de los acuerdos de San Andrés nos trae también otra celebración katúnica, la del Congreso Nacional Indígena. Randy y Koyoc nos comparten sobre el reciente encuentro en el que participaron. Como siempre le agradecemos a RLM su columna, acompañando con música la causa de cada Varejón. Todas las fotos de este Varejón, incluyendo la de la portada (y exceptuando la que acompaña el artículo de RLM ), son de Rodrigo Díaz Guzmán, a quien le agradecemos su entrañable solidaridad, su terrible mirada.

Juzgar feminicidio como tal, urge Indignación a Juez de control

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

 Ante el inicio anunciado de la audiencia de vinculación a proceso anunciada por el crimen que privó de la vida a Martha, joven cuyo cuerpo fue encontrado con huellas de violencia en montes cercanos a Conkal el 17 de diciembre pasado, quienes integramos Indignación dirigimos un escrito al juez de control, Licenciado Luis Edwin Mugarte Guerrero, urgiéndolo a utilizar sus facultades y reclasificar como feminicidio el caso que fue consignado por la fiscalía como homicidio calificado.

El crimen cometido contra Martha nos agravia como sociedad. Conmueve el dolor de la familia cercana y causa profunda consternación por las circunstancias que concurren, entre ellas la violencia y crueldad exhibida así como el persistente aumento de la violencia hacia las mujeres y la negliencia, impericia e incapacidad de las autoridades para erradicarla.

Cualquier crimen nos agravia y concierne pero el ataque sexual, la violencia feminicida, junto con el riesgo de impunidad, nos atañe de manera particular y nos alarma.

El crimen contra Martha lamentablemente exhibe omisiones graves de las autoridades. Los crímenes anteriores que se han cometido en Yucatán y que, como éste, debieron clasificarse como feminicidio, no lo fueron.

La reticencia del Congreso y del Ejecutivo, primero de tipificar el feminicidio e incluirlo en el código Penal, y después de corregir el error que no lo incluyó como delito grave, mantuvieron a Yucatán sin la posibilidad de usar una figura que sanciona un crimen precisamente como lo que es: un crimen de odio contra las mujeres. Esto no únicamente favorece la impunidad al no sancionarlo con el tipo penal adecuado, sino que evita el registro adecuado y, por lo tanto, el diseño y la implementación de políticas de atención y prevención para erradicar la violencia contra las mujeres.

Algunos de los casos de feminicidio que se han dado en Yucatán son producto de años de violencia física y sicológica. Otros no. En cualquier caso, incomprensiblemente autoridades ministeriales o agentes de la fiscalía suelen filtrar a la prensa que se trata de “crímenes pasionales”, tipificación no sólo inexistente sino que encubre y justifica la violencia de género.

El caso de Martha es particularmente grave. Acabaron con su vida con una violencia y una crueldad que horroriza y, cuando encontraron el cuerpo, diversos medios de comunicación, con impunidad y ante la inacción de autoridades, incurrieron en otras formas de violencia y de manera irresponsable criminalizaron a la víctima al divulgar sobre la vida de la joven, provenientes de rumores, datos que parecían justificar al criminal.

Las autoridades no han actuado ante estos hechos que contribuyen a perpetuar la violencia contra las mujeres.

La fiscalía consignó el delito como homicidio calificado.

Sin embargo, consideramos que el crimen cometido es un feminicidio. Nos causa profunda almarma que otros feminicidios se hayan perpetrado en Yucatán sin que sean calificados con ese tipo penal preciso.

El Código Penal del Estado de Yucatán Vigente señala:

Código Penal del Estado de Yucatán.

Artículo 394 Quinquies.- Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

I.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previas o posteriores a la privación de la vida.

II.- A la víctima se le hayan practicado mutilaciones genitales o de cualquier otro tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo.
III.- Existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, motivada por razones de género, del sujeto activo en contra de la víctima.
IV.- La pretensión infructuosa del sujeto activo de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cuarenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

[…]

La primera acción para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres es reconocerla y nombrarla.

Según entendemos el Juez de Control del juzgado segundo, tiene la facultad de reclasificar el delito en la audiencia de vinculación a proceso, misma que, según lo publicado, deberá de celebrarse hoy 13 de enero de 2016.

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. (Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente de conformidad con el Decreto 233/2014 publicado el 29 de noviembre de 2014 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán).

Por eso urgimos al juez de control a reclasificar adecuadamente el crimen como feminicidio de manera que se investigue y juzgue precisamente con la gravedad del caso y la alerta que requiere para la sociedad.

Por supuesto manifestamos nuestra alarma ante las acusaciones de tortura manifestadas por dos de las personas que han sido detenidas en relación con estos hechos. Deploraríamos absolutamente ese ominoso crimen que mostraría también las graves omisiones de las autoridades de procuración y administración de justicia para erradicarlo de nuestro estado.

 

Equipo Indignación A.C.

 

NOMAS 

Por negar tortura, periodista agredido por alcalde impugna recomendación de Codhey

 

Article19Indignacion

 

 

 

Article 19 / Equipo Indignación

Tardía, omisa y limitada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió una recomendación que se niega a reconocer la tortura cometida contra Edwin Canché, periodista torturado por el alcalde y por policías de Seyé en enero de 2014.

El día de hoy, Edwin Canché, corresponsal del Diario de Yucatán, acompañado por Article 19 y por el Equipo Indignación, impugnó la recomendación de la Codhey fundamentalmente por negarse a reconocer tortura.

En su recomendación 20/2015 emitida casi dos años después de los hechos y dirigida al Ayuntamiento de Seyé, la Codhey acreditó violaciones a los derechos a la libertad de expresión, a la libertad personal, así como a la integridad y seguridad personales, por lo que califica como uso indebido de la fuerza y lesiones; también acreditó violaciones al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica por el ejercicio indebido de la función pública.

Sin embargo, y a pesar de contar con pruebas como el testimonio de quien alcanzó a ver que lo golpeaban en el propio edificio del Palacio Municipal, la Codhey se negó a llamar tortura y calificó como lesiones y uso indebido de la fuerza la violencia infligida al periodista.

El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilístico que involucraba al sobrino del edil.

El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.

Por estos hechos se inició el proceso penal correspondiente, el cual han acompañado ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN. Apenas en octubre pasado fue detenido el ex alcalde Ermilo Dzul Huchim, pues anteriormente se había librado de enfrentar el proceso pues gozaba de fuero constitucional.

En su escrito de agravios dirigido a la CNDH para que revise la incorrecta calificación de las violaciones a derechos humanos, el periodista expresa a la CNDH que le “…causa agravio la determinación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que emitió la Recomendación 20/2015 (…), toda vez que dentro del instrumento recomendatorio dicha Comisión, al determinar la violación a mis derechos a la integridad y seguridad personales, los calificó en su modalidad de uso indebido de la fuerza y lesiones.

Si bien los vinculó con mi derecho al trato digno, así como con el ejercicio de mi libertad de expresión, el organismo estatal de derechos humanos omitió realizar el estudio y análisis de los hechos ocurridos en mi caso, a la luz y de conformidad con los estándares internacionales que desarrollan y protegen el derecho a la integridad personal, llevando a cabo una incorrecta calificación de los hechos, determinando que los actos cometidos en mi contra el día de los hechos por diversos servidores públicos, como lo fueron el entonces alcalde y policías municipales de Seyé, Yucatán, en perjuicio de mi integridad personal (física y psicológica), encuadran en la modalidad de lesiones y uso indebido de la fuerza, como ya referí, no así como actos configurativos de TORTURA, como fue lo que realmente sucedió el día de los hechos y conforme a lo que disponen los estándares nacionales e internacionales en la materia”

En el mismo escrito, el periodista agraviado, corresponsal de Megamedia, se refiere al trabajo de la Codhey y expresa que “Como todas las autoridades del país, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán está obligada a proteger los derechos humanos conforme a las fuentes del derecho internacional y nacional, buscando siempre la mayor protección de la persona. Cuando no lo hace, su actuación deviene en una violación al deber de protección por omisión.”

Apenas en julio pasado, antes del cambio de ombudsman, Indignación presentó un análisis de gestión de la Codhey. En ese análisis se establecen sistemáticas omisiones de la Codhey, una de ellas es su renuencia a calificar como tortura la tortura, lo que ha significado un encubrimiento y una naturalización de este ominoso crimen.

Hace unos meses Indignación denunció a la Codhey por falsificar la firma de un documento, incluso asentar la firma de una persona que ya se encontraba fallecida con tal de cerrar un expediente.

La recomendación de la Codhey emitida por el caso de Edwin Canché solicita una reparación integral, es decir, una reparación que incluya indemnización, garantías de no repetición y satisfacción. Recomienda que se inicien procesos administrativos de responsabilidad y que el cuerpo de Seguridad Pública de Seyé reciba capacitación en materia de derechos humanos, uno de ellos en libertad de expresión y en el conocimiento de los tratados internacionales. Sin embargo, la Codhey no inició la denuncia penal por tortura, aun cuando está dentro de sus obligaciones hacerlo.

La recomendación toma en cuenta que la administración de Ermilo Dzul Huchim, ex alcalde de Seyé, ya concluyó, pero refiere que lo determinado en la recomendación sea agregado a su expediente personal, así como al de los otros servidores públicos implicados, con independencia de que continúen laborando o no en el ayuntamiento.

La Codhey también exhorta por escrito al nuevo alcalde y a Seguridad Pública a emprender acciones para que la actividad de los periodistas de Seyé no se coarte ni amenace.

Sin embargo, es una recomendación tardía y omisa, en la cual la nueva dirección de la Codhey establece una línea de continuidad con las omisiones de la anterior y se niega a exigir los más altos estándares en la protección de los derechos humanos, como está obligada a hacerlo.

Esa omisión encubre y seguramente complace a las autoridades que cometen tortura, a las autoridades responsables de erradicarla, y contribuye a naturalizar un crimen que agravia a la humanidad. Ahora la CNDH tendrá que revisar la actuación de la Codhey, y brindar la más amplia protección a los derechos humanos del periodista Edwin Canché.

EdwinCodhey